Las privatizaciones de Empresas del Estado durante la dictadura militar: el más gigantesco despojo del Estado en la Historia de Chile

En 1991 en los inicios de la transición, la recién instalada Cámara de Diputados de Chile quiso investigar en las consecuencias patrimoniales sufridas por el Estado chileno a consecuencia de las privatizaciones de empresas y bienes públicos, el servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantía, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que se desarrollaron durante la dictadura entre 1973 y 1990.

Con este propósito se creó la “Comisión Especial Investigadora de la Anterior Administración de la Corporación de Fomento de la Producción y las Privatización de sus Empresas Filiales”, presidida por el diputado Armando Arancibia.

El trabajo de esta instancia fue bruscamente interrumpido por acciones de presión militar ocurridas mientras Augusto Pinochet permanecía como Comandante en Jefe del Ejército. Sin embargo, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, alcanzó  a concluir que:

• El proceso de privatización ejecutado en Chile entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a CORFO, con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares de 1989. A ello se agrega que CORFO asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relación a 1984.

• Sólo la privatización de CAP significó cerca de 1/3 de la pérdida patrimonial total sufrida por CORFO. CAP era una empresa rentable y de gran potencialidad al momento de privatizarse, y el Estado de Chile tenía el 95.96% de sus acciones. CAP significó vender en 105,05 millones de dólares lo que valía 811.49 millones de dólares, arrojando consecuentemente una pérdida de 706.44 millones de dólares.

La Comisión solicitó a la CORFO, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría General de la República iniciar, en lo correspondiente a su respectivo ámbito de atribuciones, seguir las acciones necesarias para esclarecer estos hechos y analizar las responsabilidades correspondientes.

 El fracaso de estas gestiones de la primera Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados hizo que durante los años 2004-2005 la Cámara de Diputados nuevamente abordara este tema, complementando y profundizando lo realizado a comienzos de los ’90, Una nueva instancia, presidida por el diputado Carlos Montes fue la encargada de culminar la investigación.

El objetivo que se perseguía era conocer la verdad y dejar un testimonio escrito, y disponible para el conjunto de la sociedad chilena, de lo que ocurrió con nuestro patrimonio y como se gestó una transformación que cambió la fisonomía del país y la vida de las próximas generaciones.

La labor del grupo legislativo, en que ya no hubo presiones externas, aunque sí dificultades para obtener información completa y fidedigna, culminó satisfactoriamente, elaborándose un completo informe respecto de lo que estos procesos significaron para el patrimonio público.

Estos documentos constituyen la recopilación y sistematización más profunda existente acerca del gigantesco daño al patrimonio público ocasionado por la dictadura y la forma en que se modificó la estructura económica del país.

En él se concluye que durante el período 1973-1990, se desarrolló en Chile una revolución capitalista radical que transformó completamente la sociedad chilena llevándola a romper de raíz con la historia republicana y la tradición democrática que la habían caracterizado hasta 1973.

Las privatizaciones y decisiones en el ámbito económico eran parte de ese cambio estructural y tuvieron el propósito de crear una nueva estructura económica y social que minimizara el rol del Estado, tanto en lo productivo como en lo regulatorio y enfatizara en el interés individual por sobre los propósitos colectivos.

En el desarrollo de estos objetivos se favoreció a personas y grupos vinculados al régimen militar y fortaleció ciertos sectores o actividades económicas con estímulos que aún permanecen vigentes. Al mismo tiempo se destruyó el tejido social y se impuso un orden social y económico desigual reforzado por medidas como el plan laboral que destruyó los sindicatos.

Lea y descargue aquí el Informe dividido en cuatro volúmenes:

privatizaciones1 (1)

privatizaciones2

privatizaciones3

privatizaciones4

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